Hay avance en Michoacán: Castillo
Aunque reconoce que en unas cuantas semanas no se resuelve un problema de años.
El comisionado de seguridad para Michoacán, Alfredo Castillo, cree que en la región se comienzan a ver señales positivas que indican que el papel de la autoridad va ganando terreno en una región que ha atravesado muchos años de desamparo en ese sentido.
"La gente empieza a ver el vínculo entre la autoridad y la sociedad", dijo en entrevista Castillo, de 38 años, a quien el presidente Enrique Peña Nieto le encargó el 15 de enero una de las tareas más complejas de la actual Administración.
Michoacán es un estado del suroeste de México con una fuerte presencia del cártel Los Caballeros Templarios, con grupos de autodefensa que se alzaron en armas para luchar contra los narcotraficantes y con un Gobierno estatal ineficaz ante todos estos problemas.
Uno de los principales problemas que vive Michoacán es que la sociedad desconfía de la autoridad. Ha sido reemplazada por los narcotraficantes, que han llegado a manejar los temas de seguridad, a controlar la economía, imponer su ley y recaudar cuotas como si se tratara de impuestos.
Castillo ve ahora que ese recelo hacia la autoridad se comienza a superar en Michoacán y, por ejemplo, la gente "se empieza a acercar a ellos (las fuerzas federales) para hacer señalamientos, y empiezan a sentirse protegidos. Cambió la perspectiva de cómo se veía al Gobierno desde estas comunidades", sostuvo.
Uno de los principales problemas que se ha encontrado es integrar al sistema a los grupos de autodefensa, divididos, dispersos, en algunos casos sin control y que además comienzan a despertar sospechas sobre posibles infiltraciones del crimen organizado entre algunos de ellos.
Aunque no hay datos fiables sobre cuántos efectivos de los grupos de autodefensa hay, 892 se han registrado hasta ahora como posibles candidatos a integrar las Guardias Rurales, un cuerpo que depende del Ejército.
Eso es indispensable, recuerda Castillo, porque, "con todo lo que está pasando", es preciso que las autoridades "puedan validar nombre con nombre, huellas, antecedentes, posibles vínculos" para evitar posibles infiltraciones de personas no aptas.
Además, en un país en el que hay muchas armas sin control, un registro oficial ha identificado mil 400 armas, la mitad de ellas largas, que antes lucían sin problemas los grupos de autodefensa. Unido a ello, se ha convencido a los grupos de autodefensa, que comenzaron a surgir en la Tierra Caliente hace un año, que no pueden detener a ningún sospechoso, o si lo hacen, no tendrá validez jurídica.
"Quien puede detener es una autoridad, y ellos lo que pueden hacer es una imputación, la cual se tiene que sustentar con una denuncia del Ministerio Público", insiste.
El Gobierno mexicano, que amenazó en un principio con la cárcel a los autodefensas que portaran armas exclusivas del Ejército, ahora coordina con ellos operativos, lo "que también refleja que hay un voto de confianza a las autoridades".
Castillo relata que en una reciente "toma" de una comunidad de Michoacán por un grupo de autodefensa, en Ario de Rosales, fue "la autoridad la que definió la hora, de qué forma iba a ser, quiénes iban a participar, cuántos iban a ingresar..."
Desde que las fuerzas federales se volcaron en Michoacán, no han tenido bajas, algo que destaca Castillo. También están ganando terreno y "controlando actividades económicas" que anteriormente estaban manejadas por los "templarios.
"Tampoco puedes decir que en tres o cuatro semanas se resuelva lo que llegó a pasar durante años, pero creo que vamos por el camino correcto", sostiene Castillo.